Herramientas de transversalidad en las administraciones públicas: cómo evitar que la igualdad dependa de una sola persona

Descubre las herramientas clave para aplicar la transversalidad de género en las administraciones públicas y evitar que la igualdad dependa de una sola persona o unidad específica.

Muchas administraciones cuentan con profesionales altamente cualificadas en igualdad. Sin embargo, cuando la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género recae sobre una única unidad o técnica, los avances suelen ser frágiles y difíciles de sostener en el tiempo.

La transversalidad de género nació precisamente para evitar esta situación: convertir la igualdad en una responsabilidad compartida por toda la organización, presente en todas las políticas públicas y en todas las fases de los procesos.

La igualdad no puede depender de una sola persona

La Ley Orgánica 3/2007 establece que el principio de igualdad debe informar de manera transversal la actuación de todos los poderes públicos.

Sin embargo, en muchas organizaciones públicas persiste una realidad conocida: la aplicación del principio de igualdad se asigna como responsabilidad principal -y a veces exclusiva- a una técnica, una unidad o una concejalía específica. Cuando esto ocurre, la incorporación de la perspectiva de género depende excesivamente de la capacidad de influencia de unas pocas personas y de los recursos asignados específicamente a un área concreta, en lugar de apoyarse en mecanismos institucionales sólidos.

La consecuencia es clara: la aplicación del principio de igualdad no se percibe como una responsabilidad compartida y los avances quedan expuestos a cambios de personal, reorganizaciones internas o variaciones en las prioridades políticas. El resultado es un impacto limitado y un desaprovechamiento del potencial transformador de las políticas públicas de igualdad.

¿Qué entendemos por transversalidad?

La transversalidad de género —también conocida como gender mainstreaming— implica incorporar la perspectiva de género en todas las áreas y en todas las fases de las políticas públicas: diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.

Su objetivo es prevenir, identificar y corregir los impactos diferenciados que las decisiones públicas pueden tener sobre mujeres y hombres, garantizando que las actuaciones públicas contribuyan a reducir las desigualdades existentes.

No se trata de añadir una acción específica de igualdad al final de un proyecto o de revisar documentos cuando ya están terminados, sino de cambiar la forma en que se diseñan, gestionan y evalúan las políticas públicas.

Lograr la igualdad efectiva requiere actuar sobre las estructuras que producen desigualdad, no únicamente sobre sus consecuencias.

¿Por qué la transversalidad sigue siendo un reto?

A pesar de contar con un marco normativo consolidado y con herramientas metodológicas desarrolladas durante las últimas décadas, la transversalidad continúa encontrando importantes obstáculos en muchas administraciones públicas:

  • insuficiencia de recursos humanos y económicos;

  • alta rotación del personal formado;

  • escasa capacitación especializada en determinadas áreas técnicas;

  • resistencia al cambio organizativo;

  • falta de coordinación entre departamentos;

  • percepción de la igualdad como un requisito administrativo adicional;

  • ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación;

  • desigual implicación de los niveles directivos y políticos.

A ello se suma una dificultad especialmente relevante: la falta de institucionalización. Con frecuencia, los avances dependen del compromiso y conocimiento de personas concretas, por lo que cualquier cambio supone un riesgo de perder continuidad.

Por este motivo, la pregunta clave no es únicamente cómo incorporar la perspectiva de género, sino cómo conseguir que la igualdad forme parte de la estructura y del funcionamiento ordinario de la organización.

Cinco herramientas para institucionalizar la igualdad

1. Liderazgo y compromiso institucional

La transversalidad requiere compromiso político y directivo. La igualdad debe entenderse como un objetivo estratégico y no únicamente una obligación normativa.

La experiencia demuestra que las iniciativas impulsadas exclusivamente desde las unidades de igualdad encuentran mayores dificultades para consolidarse cuando no cuentan con un respaldo explícito de los niveles directivos y políticos. Cuando éstos asumen la igualdad como una responsabilidad y la incorporan en la toma de decisiones, el mensaje llega al conjunto de la organización y favorece cambios más sostenibles.

2. Unidades de igualdad con capacidad de coordinación

Las unidades de igualdad son fundamentales, pero su función principal no debería ser asumir en solitario todas las actuaciones relacionadas con la igualdad.

Su papel más estratégico consiste en asesorar, coordinar, acompañar y generar capacidades dentro de toda la organización. Una unidad de igualdad eficaz no es aquella que realiza todas las tareas, sino la que consigue que cada área incorpore progresivamente la perspectiva de género en sus funciones habituales.

Para ello resulta fundamental disponer de espacios de coordinación interna, grupos de trabajo interdepartamentales y mecanismos que faciliten la colaboración entre áreas.

3. Procedimientos e instrucciones de trabajo

Cuando la igualdad depende únicamente de la sensibilización individual, su aplicación suele ser irregular. Por el contrario, cuando los criterios de igualdad forman parte de los procedimientos de trabajo, la organización genera capacidades que permanecen más allá de las personas concretas.

Por ello, una de las herramientas más eficaces consiste en proporcionar la capacitación suficiente para saber incorporar criterios de igualdad a los procedimientos internos como la elaboración de normativas, el diseño de criterios para la contratación pública y la recepción de subvenciones, la planificación estratégica, la elaboración de presupuestos o la evaluación de programas y políticas.

La incorporación de procedimientos claros facilita enormemente la aplicación práctica de la perspectiva de género y reduce la dependencia de iniciativas individuales.

4. Formación especializada para perfiles diversos

No todas las personas necesitan la misma formación. Las necesidades de un equipo directivo son diferentes a las de personal técnico de contratación, intervención, recursos humanos o atención a la ciudadanía. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes consiste en concentrar la formación únicamente en las personas responsables de igualdad.

La transversalidad requiere acciones formativas adaptadas a las funciones reales de cada puesto de trabajo y herramientas prácticas para su aplicación cotidiana.

De esta manera, la formación deja de ser una actividad aislada para convertirse en una herramienta de transformación organizativa.

5. Indicadores y sistemas de seguimiento

Lo que no se mide difícilmente puede mejorarse. Disponer de datos desagregados por sexo e indicadores de género permite conocer hasta qué punto la perspectiva de género se está incorporando realmente en la organización, identificar áreas de mejora y evaluar los resultados obtenidos.

La disponibilidad de información adecuada constituye una condición imprescindible para tomar decisiones basadas en evidencias y valorar la eficacia de las actuaciones desarrolladas.

Conclusión

Casi veinte años después de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, el principal desafío es conseguir que las herramientas existentes para la transversalidad de género formen parte de la práctica cotidiana de las administraciones públicas.

Cuando la igualdad se apoya en estructuras, procedimientos, formación, coordinación y liderazgo, se convierte en una capacidad institucional capaz de generar cambios sostenibles en las políticas públicas y en los servicios que recibe la ciudadanía.

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Autoría

Imagen de Rocío Carmona Fernández

Rocío Carmona Fernández

Socia y consultora

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