Evaluar para transformar: incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas

La transversalidad de género en la evaluación de las políticas públicas

La evaluación con perspectiva de género permite comprender los efectos de las políticas sobre la igualdad entre mujeres y hombres, identificar sus causas y generar evidencias para orientar las decisiones públicas. No se trata de una evaluación reservada a las políticas específicamente dirigidas a promover la igualdad, sino de una mirada que debe incorporarse a cualquier ámbito de intervención pública y en todo el ciclo: desde el análisis previo y el diseño de la intervención hasta su implementación y evaluación. Esto implica examinar cómo las desigualdades condicionan el problema que aborda la política, su desarrollo y sus efectos sobre las condiciones de vida de la población.

Esta integración sistemática de la perspectiva de género constituye el mainstreaming o transversalidad de género, un mandato normativo recogido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La falacia de la neutralidad en las políticas públicas

Las políticas públicas no operan en un entorno aséptico ni homogéneo, sino sobre una estructura social en la que el poder, las responsabilidades de cuidado y el acceso a los recursos siguen distribuyéndose de forma desigual entre mujeres y hombres. Por ello, diseñar políticas públicas sin tener en cuenta sus diferentes condiciones de vida, necesidades y posiciones de partida puede generar una situación de “ceguera de género” y la perpetuación de desigualdades. Evitarlo requiere identificar sus causas y adoptar una actitud proactiva para reducirlas.

Imaginemos que un ayuntamiento analiza el uso del servicio de transporte público. Los datos muestran un número similar de usuarias y usuarios, pero las necesidades y patrones de movilidad pueden presentar diferencias significativas. Si las líneas de transporte priorizan los desplazamientos de ida y vuelta a las áreas de trabajo en horas punta, pueden quedar peor atendidos los trayectos necesarios para acudir a centros educativos, médicos u otros lugares relacionados con los cuidados, responsabilidades que siguen asumiendo mayoritariamente las mujeres.

La evaluación con perspectiva de género permite hacer visibles esas diferencias entre ambos sexos y valorar si la intervención responde a las necesidades del conjunto de la población o si reproduce las desigualdades existentes.

La perspectiva de género como marco metodológico continuo

Evaluar con perspectiva de género requiere aplicar un análisis sistemático que permita comprender las relaciones de género en el ámbito de intervención, identificar desigualdades existentes, analizar sus causas y examinar cómo influyen en las oportunidades, necesidades y experiencias de mujeres y hombres. Para ello, es necesario atender, entre otras, a las siguientes dimensiones:

• La división sexual del trabajo y los cuidados: cómo se distribuyen mujeres y hombres en el empleo remunerado, el trabajo doméstico y las responsabilidades de cuidado, y qué consecuencias tiene esta distribución.

• Los usos del tiempo: cómo se organizan los tiempos cotidianos y si los horarios, desplazamientos o requisitos de la intervención generan barreras diferentes para mujeres y hombres.

• La participación y la toma de decisiones: quién participa en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas, qué voces se escuchan y quién tiene capacidad real de influencia.

• El acceso y control de los recursos y beneficios: quién accede a los recursos, servicios y ayudas, en qué condiciones, y quién tiene capacidad para decidir sobre su utilización.

• La autonomía y el derecho a una vida libre de violencias: si la intervención contribuye a ampliar la capacidad de decisión de las mujeres y a prevenir o reducir las violencias machistas.

• Las necesidades prácticas y los intereses estratégicos: si la política responde a necesidades inmediatas, y al mismo tiempo, contribuye a modificar las desigualdades estructurales que limitan la autonomía y las oportunidades de las mujeres.

Más allá de los datos desagregados por sexo

Contar con estadísticas desagregadas por sexo es indispensable para poder evaluar con perspectiva de género, pero insuficiente para explicar las causas de las desigualdades o valorar los cambios producidos. La evaluación debe combinar indicadores cuantitativos y cualitativos con información sobre las percepciones, experiencias y condiciones de vida de mujeres y hombres. Esta información puede recabarse mediante entrevistas, grupos de discusión y otras técnicas participativas, garantizando espacios de escucha y participación para las mujeres.

Integrar la perspectiva de género en los criterios de evaluación

Los criterios de evaluación deberán adaptarse al objeto, el contexto y las necesidades de cada evaluación, pero deberán incorporar la perspectiva de género transversalmente, de manera que permita analizar cómo las intervenciones responden a las distintas necesidades de mujeres y hombres, qué efectos producen sobre unas y otros y en qué medida contribuyen a reducir las desigualdades. Esto no excluye que, cuando sea necesario, la igualdad de género pueda abordarse también como un criterio específico de evaluación.

A modo ilustrativo, estas preguntas pueden orientar el análisis tomando como referencia los criterios habituales de evaluación:

• Pertinencia: ¿En qué medida responde la intervención a las necesidades de mujeres y hombres? ¿Se identificaron y tuvieron en cuenta las desigualdades existentes y sus causas desde el diagnóstico y el diseño de la política pública?

• Coherencia: ¿Es consistente la política con los compromisos normativos en materia de igualdad? ¿Mantiene coherencia con otras políticas y estrategias de igualdad entre mujeres y hombres?

• Eficacia: ¿En qué medida se alcanzaron los objetivos y resultados previstos? ¿Se produjeron resultados diferentes para mujeres y hombres? ¿La intervención contribuyó a reducir las desigualdades identificadas y a abordar algunas de sus causas?

• Eficiencia: ¿Qué relación existe entre los recursos empleados y los resultados obtenidos en materia de igualdad? ¿Se asignaron y distribuyeron los recursos de manera equitativa?

• Impacto: ¿Qué cambios a medio y largo plazo, previstos o no previstos, se han producido en las condiciones de vida de mujeres y hombres y en las relaciones de género? ¿En qué medida ha contribuido la intervención a reducir las desigualdades y a modificar las condiciones que las reproducen?

• Sostenibilidad: ¿Pueden mantenerse en el tiempo los avances en igualdad una vez finalizada la intervención? ¿Se han desarrollado capacidades, estructuras y recursos institucionales para consolidarlos?

Evaluación transformadora y compromiso institucional

Incorporar la perspectiva de género en la evaluación permite convertir la información en aprendizaje y mejorar la calidad de las políticas públicas. Una evaluación que integre adecuadamente esta perspectiva es una herramienta esencial para impulsar la transformación y avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres.

Aprovechar su potencial transformador requiere recursos, capacidades técnicas, equipos especializados, datos adecuados, presupuesto con perspectiva de género y participación efectiva. La voluntad política y el compromiso institucional son necesarios para que las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones se traduzcan en decisiones, cambios en las prácticas y mejoras sostenidas.