Fondos del Pacto de Estado: cómo usarlos para mejorar las políticas locales frente a las violencias machistas

De la voluntad política a la dificultad técnica: el reto del gasto municipal

La erradicación de las violencias contra las mujeres constituye una prioridad institucional que requiere la implicación activa y coordinada de todas las administraciones públicas. Los ayuntamientos, por su cercanía a la ciudadanía, pueden desempeñar un papel central en ámbitos como la prevención, la sensibilización, la detección temprana, la coordinación de recursos, la atención y protección o la capacitación de profesionales.

Para ello, las entidades locales disponen de recursos económicos del fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin embargo, la gestión de estas transferencias no está exenta de complejidad técnica y administrativa. La experiencia acumulada demuestra que existe una brecha frecuente entre la asignación presupuestaria y la capacidad de diseñar proyectos que cumplan estrictamente con los criterios de elegibilidad y adecuación normativa.

La propia Secretaría de Estado de Igualdad ha puesto el foco en esta cuestión impulsando acciones formativas específicas dirigidas a las entidades locales. El objetivo es ofrecer pautas claras para el buen uso de las transferencias, garantizando que el presupuesto se traduzca en actuaciones con impacto real y evitando las dificultades habituales en la fase de justificación o fiscalización de los fondos.

¿Qué se puede (y qué NO) financiar con estos fondos?

Los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se articulan mediante transferencias finalistas destinadas a entidades locales para que desarrollen acciones dirigidas a la erradicación de la violencia de género y contribuyan al cumplimiento del Pacto de Estado.

Entre los principales ámbitos de actuación en los que pueden incluirse los programas o acciones a financiar se encuentran:

• Sensibilización y prevención: Campañas específicas y talleres educativos dirigidos a juventud u otros colectivos.

• Formación especializada: Capacitación continua para el personal municipal implicado en la protección, detección, atención y asistencia a víctimas.

• Asistencia, ayuda y protección a las víctimas.

• Mejora de la respuesta institucional, coordinación y trabajo en red.

• Estudios, seguimiento y evaluación: Diagnósticos municipales e investigación aplicada para conocer la realidad de la violencia contra las mujeres y orientar las políticas públicas.

En cuanto a los requisitos de elegibilidad, las actuaciones financiadas deben estar vinculadas a los ejes y medidas del Pacto de Estado, desarrollarse dentro del ámbito de estas transferencias, tener carácter de gasto corriente —no de inversión—, ejecutarse dentro del período correspondiente, justificarse adecuadamente y cumplir las obligaciones de visibilidad de la financiación que resulten aplicables.

Obstáculos más allá de la ejecución presupuestaria

Aunque exista un importante compromiso político y técnico, la gestión de estos fondos puede plantear algunas dificultades que desincentiven su ejecución o limiten sus resultados, siendo las más frecuentes:

1. Falta de encaje en la política pública local: se desarrollan actuaciones puntuales sin conectarlas con las políticas municipales de igualdad, los recursos existentes o las intervenciones realizadas anteriormente.

2. Ausencia de diagnóstico actualizado: se reproducen actividades de años anteriores o propuestas estandarizadas sin analizar las necesidades específicas del municipio, sus recursos y las características de su población.

3. Dificultades para garantizar la especialización: no siempre se dispone de personal especializado en igualdad y violencia machista para diseñar las actuaciones o definir adecuadamente las necesidades técnicas de una contratación.

4. Confusión sobre las actuaciones financiables: una actividad relacionada con las mujeres o con la igualdad, no tiene por qué responder a las finalidades específicas de los fondos del Pacto de Estado.

5. Presión de los plazos: los periodos de ejecución y las necesidades de contratación pueden favorecer una planificación acelerada.

6. Evaluación insuficiente que suele limitarse al conteo de actividades, participantes o materiales producidos.

Claves para optimizar la gestión de los fondos

1. Conexión con la estrategia municipal: analizar qué acciones se han desarrollado anteriormente, qué resultados se han obtenido y qué necesidades continúan pendientes. Sustituir las actividades puntuales y desconectadas por aquellas que se relacionen con los recursos, protocolos, servicios o estrategias existentes para mejorar o reforzar la política existente.

2. Diagnóstico previo: realizar un diagnóstico previo sobre el ámbito a intervenir utilizando la información y los datos disponibles para identificar necesidades y prioridades y orientar las acciones posteriores.

3. Comprobar el encaje de las actuaciones: deben poder relacionarse de forma razonada con una o varias de las medidas y ámbitos contemplados en el Pacto. Esta comprobación debería realizarse antes de iniciar la contratación y no en el momento de la justificación.

4. Profesionalización: las actuaciones de prevención y respuesta frente a las violencias contra las mujeres requieren de conocimientos específicos y perfiles cualificados. Cuando la actuación lo requiera, deben definirse adecuadamente los perfiles profesionales, la experiencia y los conocimientos necesarios para su ejecución, incorporándolos a la documentación de contratación de forma proporcionada al objeto del contrato.

5. Planificar antes de ejecutar: Planificar con antelación permite ajustar la actuación al período de ejecución establecido y prever los tiempos necesarios para la contratación, la ejecución, la facturación y la justificación. Una planificación insuficiente puede generar remanentes de fondos no comprometidos y, en determinados supuestos, consecuencias económicas para la entidad local.

6. Evaluar los resultados: La evaluación no debe limitarse a comprobar si la acción se realizó o a contabilizar lo realizado. Es necesario conocer qué cambios se han producido y qué aprendizajes pueden incorporarse a futuras actuaciones. Para ello es necesario diseñar indicadores adaptados al tipo de actuación o intervención.

¿Qué tipo de actuaciones desarrollar?

Aunque no existe una fórmula única para todos los municipios -ya que las actuaciones deben responder a las necesidades específicas identificadas y adaptarse a los recursos y políticas existentes- algunas líneas de intervención adecuadas son:

• Estudios y diagnósticos: permiten detectar las necesidades específicas del municipio, analizar recursos y detectar dificultades en la prevención, detección, atención, protección o coordinación. Además, son la base para el posterior diseño de protocolos, mecanismos de coordinación o nuevas actuaciones.

• Formación y capacitación de profesionales de los servicios municipales implicados en la prevención, detección y atención. La formación debería partir de necesidades concretas y, cuando sea posible, conectarse con protocolos y procedimientos existentes para facilitar su aplicación práctica.

• Programas de prevención, especialmente aquellos dirigidos a la infancia y adolescencia para abordar diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres. La actualización del Pacto de Estado puso énfasis en la inclusión de las violencias sexuales y aquellas facilitadas por las tecnologías digitales. Para lograr que estos programas sean eficaces, es recomendable evitar intervenciones aisladas y garantizar su adaptación a la edad, contexto y características de la población destinataria, procurando su continuidad y coherencia con las actuaciones preventivas que ya se desarrollan en el municipio.

• Actuaciones dirigidas a la mejora de la coordinación institucional y de los mecanismos de detección y derivación. Para ello será necesario poder establecer un diagnóstico previo que permita detectar que está fallando y es necesario fortalecer.

Transformar la gestión para mejorar la política pública

Los fondos del Pacto de Estado representan una oportunidad para reforzar las políticas locales frente a las violencias contra las mujeres, pero su valor no reside únicamente en conseguir ejecutar el presupuesto disponible; sino en dar respuesta a una necesidad concreta y a mejorar la capacidad municipal frente a las violencias contra las mujeres.

En definitiva, ejecutar correctamente los fondos es una obligación administrativa; utilizarlos estratégicamente para mejorar la política pública es el verdadero reto.